El inaudito comportamiento del juez Del Olmo.

La relación del Partido Socialista cuando está en el Gobierno y los medios de comunicación no adictos suele ser harto tormentosa. Lo vimos durante los años de plomo del felipismo. Época de infamia en la que desde Moncloa se supervisaba la labor de los profesionales de la información y se sometía a cuidadoso escrutinio a sus responsables. En aquellos años, la primera cadena de radio del país fue aniquilada mediante una fusión ilegal que escondía oscuros intereses a los que la presidencia del Gobierno no era ajena. La prensa escrita que no comulgaba con el régimen o que, simplemente, osaba denunciar los desmanes, fue cercada y, en ocasiones, silenciada sin el menor miramiento. Aunque parezca una eternidad el tiempo transcurrido desde entonces tan sólo han pasado diez años.

Tras el regreso al poder de un partido cuya obsesión por la prensa libre es tan notoria no podía esperase más que intromisiones, zancadillas y algún que otro ridículo. De lo primero, de las zancadillas, la cadena COPE se ha convertido en involuntaria protagonista a lo largo de los últimos meses. De lo segundo ha tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional el que lo escenificase. La tarde del jueves el magistrado Del Olmo requirió al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, toda la documentación del sumario del 11-M que consta en poder de su periódico. Los términos fueron tajantes; o Ramírez accedía en el plazo estipulado a la solicitud del magistrado o sería acusado de un delito de desobediencia.

Ni Pedro J. Ramírez ni el diario El Mundo tienen la obligación legal de acceder a esa petición. Conforme a lo establecido por el Código Penal, no es constitutivo de delito revelar secretos sumariales cuando el que lo hace no está personado en el proceso. El Mundo no lo está, por lo tanto le asiste el derecho de seguir publicando todo lo que sabe sobre ese sumario. Hasta aquí una aclaración jurídica que Del Olmo parece desconocer. Además, y por si lo anterior no fuese suficiente para desmontar los débiles argumentos sobre los que el juez ha edificado su delirante solicitud, a los periodistas de El Mundo les asiste otro derecho no menos importante recogido en el vigésimo artículo de nuestra Carta Magna. Pedro J. Ramírez, como informador, tiene pleno derecho a difundir una información, siempre y cuando sea veraz, y a no revelar sus fuentes. Esto también debería saberlo el juez Del Olmo.

Una vez perpetrado el dislate por el magistrado de la Audiencia Nacional no nos queda más que concluir que alguien está nervioso en La Moncloa, y cuando esto sucede la Fiscalía General del Estado, la encarnada en Candido Conde Pumpido, actúa como un preciso resorte para aminorar la carga de preocupaciones de su inquilino. Nunca antes, ni en los peores tiempos de la corrupción y el crimen de Estado felipistas, un juez había llegado a solicitar documentación a un periódico en esos términos. ¿A quién incomoda de tal manera las informaciones sobre el 11-M que viene dando El Mundo desde hace más de un año?, ¿por qué ahora que se ha cerrado en falso la Comisión parlamentaria, pone el juez que lleva el caso los ojos sobre un simple diario?
El Mundo se ha negado a entregar esos papeles al juzgado buscando el amparo que brinda a los periodistas el artículo 20 de la Constitución. Pero no sólo eso, el sentido común más elemental, el respeto a la legalidad y la sagrada misión de informar obligan al rotativo madrileño a seguir en la línea de investigación del 11-M. Si nadie lo impide, los ciudadanos podrán estar al tanto de las revelaciones sobre los mayores atentados de nuestra historia, revelaciones que, dicho sea de paso, superan con mucho a las investigaciones realizadas por la Comisión creada al efecto en el Congreso de los diputados. Si, por el contrario, se termina por imponer el pacto de silencio sobre aquel luctuoso suceso es que algo muy grave está fallando en nuestra democracia.

El asesinato de Don Carlos.

Desde el mismo momento en el que encabezo esta columna paso a sumar mi nombre al de la lista de aquellos que exigen un desentierro masivo de las víctimas de la Guerra Civil y una reparación consecuente de medios y honor a los que cayeron como consecuencia de la barbarie y la ferocidad de la época. Paso a ser, pues, como la estupenda muchachada de Amnistía Internacional, ese grupo de amigos de la libertad que defienden a los perseguidos políticos en todos -casi todos- los países del mundo, y como el mismísimo Joan Tardá, diputado de ERC, al que muchos tienen por merluzo pero en quien he descubierto un justiciero ecuánime desde el momento en el que ha exigido contundentemente una revisión minuciosa de la historia y una compensación económica por parte del Estado a los caídos como consecuencia del levantamiento militar del 36. Yo, arriesgando un tanto más, exijo, incluso, que se adelante un poco la fecha y que se vaya hasta el 34. Pero tampoco voy a insistir mucho.
Eso sí, vamos a abrir zanjas y a desenterrar cadáveres, todos juntos, con el pico y la pala al hombro, cantando cualquier internacional que nos satisfaga, como si fuéramos los enanitos de Blancanieves camino de la mina. Yo dirigiré mis pasos al Paseo de la Bonanova de Barcelona. Allí, un 26 de enero, un comando de anarquistas e independentistas -menuda mezcla- balaseó fríamente a Don Carlos Cruset Vilaseca después de haberle sorprendido paseando calle Balmes arriba de la mano de su hija Blanca. Carlos Cruset había casado con una familia de emigrantes almerienses de ida y vuelta, había sufrido en Valencia la rapiña y la violencia de los muchachos de la CNT y la FAI -que le destrozaron la casa y la cara- y era considerado por sus vecinos y familiares como un hombre bueno y ejemplar. Un solo tiro acabó con su vida. Luego paladas de tierra. Y ya está.
La muerte de Don Carlos Cruset cambió por completo la vida de aquella familia, que entró, como tantas otras, a formar parte de nuevo de la miseria y la supervivencia. Nadie, ni el franquismo ni los republicanos, le mentaron en sus elegías. Quedó su memoria tan sólo para los que compartieron su desdichada vida, mujer e hija, que no le olvidaron jamás. De la misma manera que es más que comprensible que los nietos de aquellos que quedaron enterrados en las cunetas quieran recuperar esos cuerpos y darles sepultura digna, quiere este que suscribe que se haga justicia y este otro nombre forme parte de aquellos que engrosan la lista de mártires del fanatismo, de la intolerancia, de la dictadura feroz del odio. Esta revisión constante exige, efectivamente, que todos los muertos sean tenidos en cuenta. Desde luego los que mató el bando que ganó. También los que mató el bando que perdió y a los que empezó a matar, incluso, antes de que golpeara el ejército contra el orden establecido. Se referirán a eso tanto los chicos y chicas de AI como el ricitos de plata de ERC, creador de «La Lista de Tardá», supongo. Yo me apunto. En casa estamos deseando que eso ocurra desde hace años: Don Carlos, efectivamente, era mi abuelo, y su muerte, como en tantos casos de familias españolas de cualquier tendencia, cambió el devenir de los días.
La historia, desdichadamente, hubiese sido muy otra.
No eres, pues, el único al que le asesinaron al abuelo, Rodríguez. Deberías tenerlo en cuenta, si eres capaz de discurrir más allá de tus vísceras. Tu familia no es la única que ha sufrido. La diferencia estriba en que ese hecho trágico no ha marcado la ejecutoria de muchos que han preferido no convertirse en pescadores de odios pendientes.
Tú, los de Amnistía y el tonto de Tardá convendría que lo supierais.

Los catedráticos consideran que la ley del PSOE sólo responde al «ánimo de revancha»

El proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, sigue adelante aunque lo hace sin apoyos. Ni sindicatos, ni organizaciones educativas, ni profesores, ni filósofos... nadie, salvo el PSOE está de acuerdo con un texto que los catedráticos ya han llegado a denominar «sin pulso y sin fuerza». La Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) opina que las «prisas por borrar las huellas» de la Ley de Calidad (LOCE) y el ánimo de «revancha» han «nublado» las mentes del Ministerio de Educación. «El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para rehacer la enseñanza española», apostilla la asociación.

Alumnos y profesores.

La LOE, según apuntan los catedráticos, «no regenera» el meollo de la educación: esfuerzo y objetivos de calidad, ni ofrece ninguna solución realista a los graves problemas de cada día, asegura. Además, según comentan los especialistas «lo de menos» es que el Ministerio no haya recogido las sugerencias de los propios profesores, ya que «lo grave es que no se tenga en cuenta a los alumnos o lo que los profesores piden para sus alumnos». Para los catedráticos, becas, más idiomas, más tecnologías, en definitiva, el perímetro de la enseñanza, sigue sin tocarse. «Suena a propaganda más que a programación seria y honrada», apuntan. Los estudiantes más que «no escuchados» se sienten «defraudados». Juanjo López considera que el proyecto «concede una batería de privilegios en detrimento de la educación pública». Además, según el sindicato, «se endurece la entrada a la universidad» y, tal y como apunta López, el director de las instituciones públicas va a ser elegido «en la práctica «por la administración por lo que los estudiantes van a tener «un policía-juez».

En los profesores, el ánimo no varía mucho, especialmente para los de Filosofía, Informática, Latín y Griego. Para ellos, el proyecto de Ley de Educación del Gobierno también supone un paso atrás y para las materias de Latín y Griego, significa, incluso, la desaparición. Los profesores consideran que la situación de sus respectivas asignaturas ha empeorado respecto a la Ley de Calidad de Educación. Los docentes de Informática, por ejemplo, advierten al Ministerio de Educación de que su asignatura será impartida por profesores no cualificados, como son los de Tecnología, pues en los tres primeros cursos de la ESO los contenidos de su materia se incluyen en una global denominada «tecnologías». A su juicio, «no tiene ningún sentido» que estos profesores, especialistas en temas como «materiales de uso técnico», «estructuras y mecanismos» o la «energía y su transformación», sean los encargados de dar clase de informática. «Es bajar el nivel y acudir a los profesionales que no son», afirma Ramón Román, vocal de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de informática. Por su parte, la Federación de Sociedades de Filosofía considera que el papel que juega su asignatura es una «regresión» para la materia si se compara con su actual posición y con el Pacto por las Humanidades que firmaron PP y PSOE.

«Peligro ideológico».

La organización tiene dudas en relación con los contenidos de la asignatura de Filosofía y Ciudadanía, que cursarán todos los alumnos en primero de bachillerato y alerta del «peligro ideológico» de materias como Educación para la Ciudadanía o Ciencias para el mundo contemporáneo. Los que también han dado una respuesta contundente ha sido la Confederación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa). La organización denunció ayer que Zapatero no la haya aún recibido y anunció que próximamente va a pedir la dimisión de la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo ya que preparan un «otoño caliente» en defensa de la libertad de enseñanza y por la regulación legal de la asignatura de Religión.

La kale borroka resucita ante las expectativas de diálogo con ETA.

Apenas seis meses después de que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tomase de nuevo posesión de su cargo tras vencer con mayoría absoluta las elecciones generales celebradas en marzo de 2000, su Ejecutivo alcanzó un importante consenso para penalizar severamente el terrorismo callejero. El Congreso de los Diputados aprobó, en noviembre de ese año, dos reformas del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para endurecer las penas por estas acciones. Por un lado, se juzgarían como delitos de terrorismo acciones en las que se buscase aterrorizar a la población, ocasionar daños contra el mobiliario urbano y tener en posesión materiales para fabricar artefactos explosivos.

Estos tres preceptos se unían así al ya existente, los actos de sabotaje que pusieran en riesgo la vida o la integridad física de las personas. Los que el ex presidente de la Ejecutiva del PNV, Xabier Arzalluz, definió en su día como «los chicos de la gasolina» quedaban así acotados, y cualquiera de sus actos de violencia callejera les podía llevar entre rejas.

Reforma de 2000.

Por otro lado, se estipulaba que los menores de entre 14 y 17 años involucrados en estos delitos podrían ser condenados, según su edad, a un máximo de ocho años de internamiento ?diez en caso de delitos graves? por participar en estos ataques, además de obligar a sus padres a pagar los daños de los ocasionados, que antes pagaba la administración pública. Durante los dos primeros años, la reforma judicial pareció no ser excesivamente eficaz y en los tres siguientes, las cifras volvieron a a situarse en los registros anteriores a la tregua de ETA. Las sentencias de los primeros proetarras juzgados con la reformas del año 2000, unido a la ilegalización del brazo político de ETA y su salida de las instituciones municipales y forales vascas, hizo descender los actos de kale borroka de una forma vertiginosa.

En 2003, tan sólo se contabilizaron 150; en 2004, los datos aumentaron de forma moderada, a los 235, pero muy por debajo de los últimos años de los noventa y los primeros del dos mil. Tras dos años con poca intensidad en cuanto al terrorismo callejero se refiere, los cachorros de los ilegalizados han aumentado durante este año su actividad de manera significativa. En su boletín interno, el «Zutabe», correspondiente al mes de junio, la banda anunciaba que «las movilizaciones en la calle y la organización de la presión popular serán complementos imprescindibles» dentro de la estrategia que sigue con el fin de presionar al Gobierno para que negocie en las condiciones que quieren los pistoleros. Durante los seis primeros meses de este año, se han contabilizado ya 176 casos de kale borroka, lo que supera la cifra de los contabilizados durante todo el año 2003 y se acerca peligrosamente a los del año pasado. Unos actos que se han multiplicado de forma importante durante la última semana del mes de junio, tras la sentencia de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Carlos Ollero y Alfonso Guevara, que condenaron a 24 miembros de Jarrai por organización ilícita no terrorista. Según la sentencia, este tipo de violencia no es terrorismo sino delincuencia común porque, en su opinión, los cócteles molotov no son armas.

Reactivación.

En consonancia con esta reactivación de las acciones del terrorismo callejero, un autobús del servicio urbano de San Sebastián quedó totalmente calcinado el jueves por la noche como consecuencia de un ataque con «cócteles molotov» perpetrado por un grupo de encapuchados que protestaban por la muerte el pasado miércoles del miembro de ETA Imanol Gómez González en un accidente de tráfico. Se trata del primer autobús que es quemado por los proetarras en tres años. El ataque se produjo al término de la manifestación convocada por la izquierda abertzale en protesta por la muerte de este etarra, cuando un grupo de siete encapuchados obligó a desalojar el vehículo, arrojando contra él varios artefactos incendiarios. Así que, pese al silencio que sobre este aumento de violencia, como el ocurrido el jueves, guardan desde el Ministerio del Interior de José Antonio Alonso, los datos de la kale borroka empiezan a ser preocupantes, sobre todo porque con la llegada del verano se suelen multiplicar estas acciones debido a que los jóvenes radicales se explayan aprovechando la celebración de las fiestas patronales locales. Ejemplo de ello fueron las imágenes de una multitud de radicales propinando una paliza hace unos años a un agente de la Ertzaintza que iba de paisano en plena Semana Grande de Bilbao. Una razón importante del relanzamiento de las acciones de violencia callejero hay que buscarla en la actitud de tolerancia que se está adoptando desde el Gobierno central con la izquierda abertzale. Así, medidas como la presencia de Batasuna en los ayuntamientos vascos, donde se puentea la ley de partidos, la reapertura de algunas sedes de los ilegalizados, como la de Gasteiz Izan en Vitoria, el regreso de Batasuna a la primera línea política ayudada por la EiTB, la reapertura de la página web de los ilegalizados, que fue fuertemente perseguida hace un par de años por Baltasar Garzón, la presencia del PCTV en la Cámara vasca y la negativa del Gobierno a abrir su proceso de ilegalización, unido a la última sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada, está creando una sensación en los círculos violentos de la izquierda abertzale de que tras años de vigilancia y contundencia contra sus acciones regresan de nuevo los tiempos de la impunidad.

A las víctimas de Guadalajara.

A aquellos que habéis dejado vuestras jóvenes vidas en tan trágico incendio, os debemos gratitud por vuestra generoso servicio a la sociedad, no os olvidaremos y vuestras ganas de vivir entregados a los demás, serán un acicate para afrontar el futuro.
A vuestras familias les acompañamos en el dolor, haciéndole también nuestro. Vuestra entrega no tuvo límites, lástima que no todos compartan vuestro hermoso ideal, especialmente aquellos que se aferran a su ?sillón prestado? desde el que ejercen su ansia de poder, sin tener la humildad de pedir la ayuda que se necesitó en su momento, ni poner todos los medios que hacían faltan. Eso sí, cuando hay que hacerse la foto, más de uno no duda en dar codazos para aparecer.
También los hay que prefieren dedicar su tiempo con dirigentes de otras regiones más ricas, antes que alentar con su presencia los duros momentos vividos, pero es que lamentablemente Guadalajara tiene otro peso específico.
Quizás algún día el Presidente de ?todos? los españoles, os dirija algunas palabras de recuerdo, pero me parece que las más agradecidas sean las que provengan de vuestros familiares, amigos, conocidos y restos de ciudadanos, por eso, gracias y descansad en paz.

El precio de la vivienda nueva sigue imparable, al subir un 17,17% en los últimos doce meses.

El precio de la vivienda nueva sigue imparable, al subir un 17,17% en los últimos doce meses
Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplona son las más caras, pero las mayores subidas se han dado en las ciudades que no son capitales, con un aumento medio del 17,46%
Los precios de la vivienda libre nueva siguen rompiendo todas las previsiones en términos interanuales, después de haberse registrado en los últimos doce meses una subida media del 17,17%, al situarse el precio del metro cuadrado en los 2.023 euros, según los datos facilitados ayer por Tinsa.Esta subida supone un aumento del 1,12% respecto al incremento registrado en junio del año pasado con respecto al mismo mes de 2003, cuando el aumento de los precios fue del 16,05%. No obstante, Tinsa precisa que en el segundo trimestre de este año la subida ha sido del 2,47%, frente al 2,66% de idéntico periodo de 2004.Con respecto a la vivienda usada, el incremento en los últimos doce meses fue del 17,29%, ya que el precio medio del metro cuadrado se ha situado en 1.710,4 euros. Esta cifra supone una desaceleración del 1,51% con respecto a junio de 2004, cuando la subida de los doce meses anteriores fue del 18,8%. En el último trimestre el incremento de los precios ha sido del 3,57%, mientras que de abril a junio de 2004 la subida fue del 4,98%.«Tranquila acomodación»Según el presidente de Tinsa, Ildefonso Ortega, esas desaceleraciones indican que los precios de las casas están teniendo una «tranquila acomodación» fruto de un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, aunque esta última sigue siendo muy fuerte debido a que se mantienen las condiciones favorables en cuanto a los bajos tipos de interés. No obstante, resaltó que es importante que el mercado se modere paulatinamente para que «no pinche».También recordó que existe una parte importante de demandantes que no pueden acceder a la vivienda libre y están a la espera de que fructifique el Plan de Vivienda puesto en marcha por el Gobierno, centrado en la de protección oficial.Hay que destacar que los mayores incrementos en los precios de la vivienda de los últimos doce meses se han dado en las ciudades que no son capitales de provincias, con subidas medias del 17,46% para la vivienda libre nueva y del 18,06% para los pisos usados.En las capitales, las viviendas nuevas subieron una media del 16,64%, y las usadas un 16,47%.

Las más caras en cuanto a vivienda usada son Madrid, con un precio de 3.440,3 euros el metro cuadrado, y una subida de un 12% en los últimos doce meses; Barcelona, donde el precio se ha situado en los 3.104,2 euros el metro cuadrado y un incremento del 17%; Bilbao (2.589,9 euros y una subida del 9%) y Pamplona (2.296, 2 y un aumento del 18%). Pero las capitales con mayores incrementos fueron Cádiz (37%) y Toledo y Alicante, con un 33%. Las comunidades autónomas en las que más subió la vivienda hasta junio fueron Valencia (28%) y Andalucía (25%).Las más baratasLas capitales más baratas también en vivienda usada son Lugo (736 euros el metro cuadrado y una subida del 6% en los doce últimos meses), Orense (1.093,9 euros y 8% de incremento) y Zamora (1.139,5 euros y un aumento del 11%).Las provincias más costosas en cuanto a vivienda libre usada -dejando al margen a sus respectivas capitales- son Vizcaya, donde el precio medio está en los 2.308,6 euros el metro cuadrado, Madrid (2.267,9 euros), Málaga (2.224,2 euros) y Barcelona (2.180,9 euros). Las más baratas son Teruel (527,8 euros el metro cuadrado), Albacete (575,7 euros), Orense (591,4 euros) y Badajoz (599,9 euros).

Por otro lado, la Asociación Hipotecaria Española dio a conocer ayer el incremento interanual hasta el mes de mayo del importe de los créditos hipotecarios, con el resultado de un aumento del 25,2%. Así, desde mayo de 2004 hasta el mismo mes de este año el crecimiento ha sido de 130.000 millones. Precisamente, en mayo de 2005 se ha producido un crecimiento histórico del 2,2%, que equivale a 13.816 millones de euros.Las cajas de ahorros son las entidades financieras con más créditos hipotecarios, 318.292 millones de euros hasta mayo, lo que supone un incremento del 25,4%, mientras que los bancos registran un saldo vivo de 224.844 millones de euros, que representa un incremento del 21,5%.

Timorata respuesta de Moncloa a la arrogancia de ERC.

LA displicencia de ERC en su relación con el Gobierno habrá hecho recordar a más de uno aquel aforismo que a cada cual le hace dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. El presidente del Gobierno se comprometió a apoyar el estatuto que saliera aprobado del Parlamento catalán. No puso más condiciones. La constitucionalidad del texto fue una matización posterior, en absoluto implícita en aquel exceso de confianza presidencial, porque ya entonces, en plena campaña electoral catalana, se daba por sentado que la reforma estatutaria estaría promovida por una mayoría nacionalista y socialista partidaria más de un nuevo modelo constitucional que del desarrollo del autogobierno.

Pese a los sucesivos desmentidos emitidos por el PSOE y el Gobierno, lo cierto es que en el Boletín del Parlamento catalán está publicado desde el pasado día 11 un proyecto de reforma estatutaria cuyo artículo 1º dice: «Catalunya és una nació». Esta declaración no es la imposición de una minoría, sino la voluntad política del socialismo catalán, con el respaldo del Gobierno central, cuya estabilidad parlamentaria depende en ambos casos de ERC. Por eso, los independentistas catalanes se sienten fuertes y con autoridad suficiente para exigirle a Zapatero que «ponga orden en el gallinero» de su partido, es decir, que calle a las voces críticas del PSOE que están alertando sobre las consecuencias de esa reforma. La timorata respuesta de Ferraz y La Moncloa abona la arrogancia de ERC y acelera el proceso de parcelación de los intereses que hasta ahora se consideraban nacionales. Cuando un Gobierno autonómico decide llamar nación a su comunidad, pretende un poder judicial casi soberano, instaura un régimen de derechos ciudadanos y de financiación al margen de la Constitución y aspira a una relación confederal con el Estado, lo propio no es mandar callar a todo el mundo, como ha hecho Pérez Rubalcaba, sino ponerse al frente de la preocupación de millones de españoles, socialistas y no socialistas, por el futuro de España.Al PSOE tácticamente le ha venido bien durante un tiempo generar desde sus filas una cierta oposición al Gobierno. Esta polifonía interna ha arrebatado en ocasiones al PP su protagonismo opositor en este debate. Pero cuando de las palabras se pasa a los hechos, las apariencias no bastan para salir del paso. Las advertencias de Guerra, Bono o Rodríguez Ibarra sobre la ruptura de principios constitucionales básicos (entre ellos el de la solidaridad) si se aprueba el texto estatutario del tripartito empiezan a no ser asimilables por la versatilidad del propio PSOE. Ayer mismo fue Chaves, presidente de los socialistas y de la comunidad que más diputados aporta al Congreso, quien se unió a esta corriente discrepante al considerar inaceptable el texto que se está cocinando en Cataluña.

Si los acontecimientos siguen por este rumbo, lo que la opinión pública empezará a percibir es que las posiciones exigentes del PP -tachadas de inmovilismo- eran más acertadas que las expectativas alegres y confiadas que dibujó el presidente del Gobierno para la «tensión territorial» heredada de la etapa del PP.Sin duda, en parte de las críticas de los barones socialistas hay un cálculo de los perjuicios electorales que sufrirán en sus feudos si el Gobierno franquea el paso al estatuto que propone el tripartito. El mismo Chaves, ayer quejumbroso, ha dado en este último año varios bandazos al respecto y aportado cierta comprensión a las aspiraciones de Maragall y Carod. Pero aunque ese sector «nacional» del PSOE no ha demostrado tener una influencia decisiva en la toma de decisiones del Ejecutivo y de la dirección del partido, resulta imprescindible que se escuche la voz autorizada de esa corriente jacobina que siempre ha defendido la tradición nacional del partido. Y que entendía que la cuestión pasa por la alternancia en el poder de dos proyectos nacionales (uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda) con los que se identifican la inmensa mayoría de los españoles. Por eso es normal que haya inquietud en el PSOE ante esta oscilación hacia un proyecto nuevo que coaligue a su partido, de histórica vocación nacional, con formaciones nacionalista muy interesadas en jibarizar a España.

ALARMA POR EL CONTENIDO DE LAS ENSEÑANZAS ISLÁMICAS

Tras descubrirse que uno de los terroristas suicidas británicos posiblemente recibió enseñanza religiosa durante su estancia de 4 meses en Pakistan, el ministro de exteriores británico Jack Straw ha mostrado su preocupación por las ideas que se inculcan a los jóvenes musulmanes en las madrazas o medersas ( especie de academias religiosas musulmanas), que se han convertido en centros de adoctrinamiento en militancia islámica, sitios donde los lideres religiosos predican un mensaje de "yihad" o Guerra Santa contra Occidente y sus aliados.En Pakistan existen 10.000 de estos centros, pero desde los años 80, los radicales islámicos de Arabia Saudita han financiado la creación de miles de estoas academias por todo el mundo, incluido occidente.

La alarma se acrecienta al conocer que los jóvenes suicidas habrían sido también adoctrinados en una mezquita británica, la de Stratford, en la que se conocieron, y donde junto al radicalismo religioso se difundía también un mensaje político, basado en el victimismo de los musulmanes oprimidos por Occidente.Curiosamente algunos lideres musulmanes británicos, que tendrán que hacer examen de conciencia para determinar sus responsabilidades por no impedir que los radicales prediquen libremente sus doctrinas entre los jóvenes, han acudido a la manida disculpa de la pobreza. Así para el concejal Mohammed Iqbal, el problema radica en que Leeds es de las áreas más pobres del Reino Unido, parece que no se ha enterado que al menos dos de los suicidas pertenecían a familias más que acomodadas y ninguno parece que tuviese problemas de precariedad económica.

Un mar de injusticia universal.

YA sabíamos que Zapatero es, como aquel ángel que San Agustín se tropezó en la playa, propenso a formular conceptos oceánicos que la estricta razón no puede alcanzar. Postular una «alianza de civilizaciones» o predicar unas «ansias infinitas de paz» pertenece, como el propósito de encerrar el agua del infinito océano en un hoyo excavado en la arena, al ámbito de las realizaciones imposibles. Confesaré que, en un principio, achaqué esta propensión de Zapatero a un impulso utópico, pero bienintencionado (aunque ya se sabe con qué adoquines se empiedra el camino que conduce al infierno); en la insistencia con que formula y sostiene estos conceptos oceánicos, aun en las coyunturas más impertinentes o extemporáneas, empiezo a vislumbrar cierto cinismo. En un artículo anterior expresaba mi desconfianza en la capacidad de Europa para defender con determinación unos valores o principios en los que ha dejado inconscientemente de creer; quizá las proclamas de Zapatero, tan rimbombantes en la forma como hueras en el fondo, sean uno de los síntomas más notorios de esa perlesía moral que se extiende por Europa. Que dichas proclamas las emita, además, sin descolgar de los labios esa impertérrita «sonrisa de metal» a la que se refería la semana pasada Ignacio Camacho, incorpora ribetes inquietantes a lo que, de otro modo, calificaríamos de pamplinas.
Acaba de escribir Zapatero que la matanza de Londres debe enmarcarse en «un mar de injusticia universal», aserto que a simple vista enuncia una perogrullada, pues no hay calamidad, desgracia o mero contratiempo que no admita idéntico marco. Pero este concepto tan oceánico y tontorrón de «injusticia universal» es, en realidad, la coartada ingenua que permite a Zapatero lanzar a renglón seguido la insidia: sólo mediante un «esfuerzo colectivo» podremos «comprender las condiciones que facilitan la expansión del fanatismo». Aunque no se atreve a mencionarlo explícitamente, Zapatero culpa a Occidente de dicha expansión; y, puesto que no enumera las condiciones que debemos esforzarnos en comprender, hemos de entender que conforman una amalgama también oceánica, un auténtico mar de injusticia universal que lo mismo comprende la guerra de Irak que los intentos por extender los principios y valores que encarnan nuestra moribunda civilización. Como buen relativista, Zapatero considera que Occidente debe sentirse culpable de exportar sus ideas e instituciones (probadamente beneficiosas para el desarrollo moral, político y económico de los pueblos), pues con ello sólo ha logrado enardecer el fantasma del fanatismo. Como buen relativista, Zapatero concibe el terrorismo como una guerra reactiva, no agresiva; y, por lo tanto, entiende que bastará con que los europeos seamos «comprensivos» con esos otros modos de vida tan respetables como el nuestro, cejando en nuestras ínfulas coloniales, para conjurar la amenaza del fanatismo, que no es sino la consecuencia lógica -morbosa quizá, pero a fin de cuentas lógica- de la injerencia occidental. Como buen relativista, Zapatero considera que todas las culturas poseen el mismo valor ético: la democracia, las declaraciones de derechos, el liberalismo, la separación entre Iglesia y Estado, criaturas típicas, originarias y propias de Occidente, quizá se hayan mostrado provechosas para el desarrollo de los pueblos que las han acogido, pero esta constatación no satisface a un relativista como Zapatero, que siempre considerará que las aportaciones de Occidente al mar de la injusticia universal han sido más numerosas.
Produce un poco de bochorno que un señor con responsabilidades de Gobierno albergue tamaña empanada mental.

DE LA VEGA apoyó manifestaciones donde se gritó "esto nos pasa por un gobierno facha", en relación con el 11-M

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió este viernes a las declaraciones de Mariano Rajoy sobre los atentados de Londres, acusando al líder popular de "irresponsable" y de utilizar el atentado con fines partidistas. Sin embargo, De la Vega olvida que estando en la oposición apoyó manifestaciones donde se gritó "esto nos pasa por un gobierno facha" o "Aznar, culpable, eres responsable". Antes, Rajoy señalaba que nadie ha acusado a Blair de "imprevisión" como hizo el PSOE con el Gobierno del PP y constató las diferencias entre la actitud de la clase política británica y la del PSOE después del 11-M.
Este viernes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta dijo que todos los ciudadanos españoles esperan y merecen que sus responsables políticos sepan mantenerse a la altura de las circunstancias. "Los dirigentes del PP no deberían seguir por ese camino porque la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles recuerdan perfectamente cuál fue la actitud del Gobierno del PP y cuál fue la del PSOE, cuál fue la del resto de las formaciones políticas, organizaciones sociales y sindicales y de la sociedad en su conjunto en aquellas terribles fechas en las que sufrimos el brutal atentado en esta ciudad", precisó y concluyó asegurando que "por el bien de todos no deberían seguir por ese camino".

De la Vega y el PSOE "a la altura de las circunstancias"

La vicepresidenta, cuando invocaba la memoria de los ciudadanos acerca del comportamiento del PSOE en aquellos terribles días, olvidaba las críticas que le llovieron desde el PP por la voracidad mostrada por algunos dirigentes del PSOE al utilizar políticamente los atentados del 11-M y el de Leganés.

Fernández de la Vega, por ejemplo, estuvo presente en la cabecera de la manifestación contra el terrorismo que tuvo lugar en Leganés el 5 de abril de 2004 a raíz del atentado suicida que, en un edificio de esta localidad, costó la vida a un agente del GEO en la operación donde la policía trataba de detener a cinco terroristas implicados en los atentados del 11-M.

La manifestación, que estuvo encabezada, entre otras personalidades, por el alcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, por María Teresa Fernández de la Vega, por el secretario de organización del PSOE, José Blanco, por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, por los portavoces del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas y Fausto Fernández, y por Pilar Bardem, fue reconducida desde el principio como un acto político contra el PP. De hecho, el comunicado donde se convocaba la manifestación incluía el rechazo a la "política de la guerra" y pedía la retirada de las tropas españolas de Irak, lo que motivó que ningún representante del PP, de ámbito nacional, regional o local acudiera a la manifestación.
En la manifestación se gritaron consignas como "Aznar, culpable, eres responsable" o "esto nos pasa por un gobierno facha", habituales en las concentraciones y los ataques a las sedes del PP durante la jornada de reflexión de las elecciones del 14 de marzo. Asimismo, las pancartas "improvisadas" con lemas contrarios a la guerra de Irak y al gobierno de Aznar dejaron en un segundo plano el rechazo al terrorismo, el reconocimiento a la Policía y el homenaje al GEO asesinado por los terroristas, que eran los motivos oficiales de la convocatoria.

España es diferente

Frente a la amenaza del terrorismo, España no es diferente al resto del mundo occidental, como ha dejado patente la serie de atentados registrados en medios de comunicación de Londres, tan calcados de los del 11-M en Madrid. En lo que sí somos diferentes los españoles es en nuestra manera de reaccionar ante los atentados. Para nuestra desgracia y, por si les sirve de ayuda, para consuelo de los británicos, aquí se achacó al Gobierno la responsabilidad de que volaran por los aires los trenes de cercanías, la masacre condicionó la retirada de nuestras tropas de Irak, una comisión parlamentaria ha concluido que el Ejecutivo minusvaloró las amenazas del terrorismo islámico y todavía se culpa al Gobierno de entonces de no haber informado adecuadamente. Nada de eso sucedió en Nueva York tras el 11-S y a buen seguro no se dará en Londres, ni en los próximos días, ni en el futuro. En medio de desgracias como la que Londres está viviendo, qué suerte tiene un país, en este caso Gran Bretaña, cuando nadie critica a su primer ministro por aparecer en público por primera vez tres horas después del primero de los atentados negándose a dar detalles de los mismos, ni siquiera achacar su auditoría a ninguna organización terrorista; los partidos de la oposición no se disponen a culpar a Tony Blair por haber dado pie a la masacre con su participación en la guerra de Irak; las cadenas de televisión no rivalizan para ver quién es capaz de ofrecer más imágenes de cadáveres abiertos en canal; los ciudadanos no se congregan ante las sedes del Partido Laborista para protestar... A la hora de padecer las secuelas del terrorismo, España es igual a Gran Bretaña. Pero a la hora de hacerle frente, qué pena para nuestro país, no.

El "matrimonio gay" no es compatible con el derecho civil catalán

Cataluña tiene competencias exclusivas en derecho civil catalán... que define el matrimonio como unión de hombre y mujer.
Cuando el Gobierno de España se dispuso a aprobar el ?matrimonio? entre personas del mismo sexo, expertos juristas advirtieron que para ello sería necesario modificar unas 100 leyes repartidas por todos los dominios del derecho. Ello si no es inconstitucional ya que subsisten serias dudas de que lo que la Carta magna afirma sobre el hombre y la mujer se pueda aplicar a dos hombres o a dos mujeres. Tampoco es constitucional la poligamia.
Se hizo caso omiso a cualquier consideración. No sirvieron las definiciones de los diccionarios. No se tuvo en cuenta la experiencia universal de siglos ni el hecho de que el matrimonio es una institución natural muy anterior al Estado. Se olvidó que es un bien público a proteger y que no se puede agraviar impunemente sin que el propio tejado de la sociedad se llene de agujeros.
Pero también se obvió el Derecho civil catalán. Resulta que el Código catalán de familia se aprobó no ha mucho, en 1998, y no está sometido a ningún recurso por parte del Estado. El artículo 9 del Estatuto de autonomía de Cataluña afirma que la Generalitat tiene competencias exclusivas en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil catalán. La misma Constitución lo avala en su artículo 149.
¿Y qué dice el Código catalán de familia? Pues que el matrimonio es una institución que da lugar a un vínculo jurídico que origina una comunidad de vida en la cual el marido y la mujer han de respetarse y ayudarse mutuamente i actuar en interés de la familia. Los cónyuges, además, han de guardarse fidelidad y prestarse ayuda mutua. Como se ve, esto excluye, sin ninguna duda, la unión de personas del mismo sexo.
Cuando la Constitución afirma que corresponde al Estado la competencia sobre las formas del matrimonio, se refiere a las formas civil y religiosa (canónica o no), distinguiéndolas de la capacidad de contraerlo. Así pues, en Cataluña no sería de aplicación la controvertida reforma que cambia caprichosamente la sustancia del matrimonio y se adentra en las profundidades de la inseguridad jurídica más absurda en un Estado de derecho.
Las instituciones públicas catalanas no pueden actuar con sectarismo y saltarse la legislación propia. Deben defenderla aun enfrentándose a sus mismos partidos en el Congreso de los diputados. Deben cumplirla y hacerla cumplir, tal como han jurado o prometido. La futura Ley de modificación del Código civil español no puede ser aplicable en Cataluña. Nuestros representantes deben luchar denodadamente para proteger un derecho propio aprobado legítimamente ¡Es lo mínimo que podemos exigir los ciudadanos-paganos!

11-M: huele que apesta

La Comisión del 11-M ha echado siete llaves sobre el sepulcro de los 192 muertos y sobre el dolor de los miles de heridos en aquella matanza. El Gobierno y sus aliados consuman así uno de los atropellos más brutales que ha conocido la política española: cierran la investigación sobre el mayor atentado de nuestra historia cuando todavía no se ha arrojado luz sobre lo fundamental.¿Por qué se niegan a aclarar la catástrofe de los servicios de información antes y después de los atentados? Hoy todos sabemos que en la policía y en la guardia civil había quien conocía las actividades de los terroristas, como sabemos que ciertos mandos concretos ignoraron esa información. Todos estaríamos dispuestos a creer que aquella ignorancia fue un error, algo que podría solventarse con un cese o con un expediente. Pero he aquí que, lejos de eso, algunos responsables de aquel error han sido promovidos, ascendidos o protegidos. ¿Cómo quieren que creamos que "todo está aclarado"? Del mismo modo, hoy todos sabemos que el CNI o bien poseía información que no transmitió, o bien no poseía información que debía poseer. Todos estaríamos dispuestos a creer en un fallo humano, pero he aquí que al entonces responsable del CNI se le eleva hasta las alturas de una embajada-bombón. ¿De verdad pretenden que creamos que "todo está aclarado"?¿Por qué se niegan a aclarar las insólitas conexiones entre la órbita islamista y tales o cuales terminales socialistas? En estos meses hemos sabido de policías de origen musulmán vinculados a la órbita del PSOE, de sujetos implicados en el 11-M que se habían afiliado al PSOE, de miembros relevantes del PSOE que mantenían relación estrecha con tipos integrados en la red terrorista. Todos estamos dispuestos a creer que se trata de casualidades desdichadas, de relaciones circunstanciales, de azares movidos por la imprudencia. Pero he aquí que todas esas cosas no sólo no se explican, sino que incluso se ocultan a toda prisa y con exabruptos sumarios por parte del PSOE. ¿Cómo pretenden que creamos que "todo está aclarado"?¿Por qué toda la investigación parece detenerse al llegar al responsable último? ¿Por qué seguimos sin saber quién dio la orden, quién midió los tiempos, quién decidió cómo y cuándo? Todos sabemos hoy que apuntar a la autoría de Al-Qaeda es señalar a una identidad difusa; sabemos también que hay una evidente discontinuidad entre el salafismo marroquí, la red de pequeños delincuentes comunes que operaba en España y la estructura "oficial" de Al-Qaeda: la distancia entre esas tres esferas impide pensar en una coordinación planificada durante años. Todas las incógnitas nos llevan a Marruecos, y he aquí que el actual Gobierno obsequia a Marruecos con las mieles de una relación especial. ¿De verdad pretenden que creamos que "todo está aclarado"?Hay más. El asunto de la simultaneidad operativa con ETA (las dos furgonetas). El papel de la "conexión asturiana", entre los bajos fondos policiales, por un lado, y los que se entrenaban en Marruecos, por otro. La evidente información privilegiada de ciertos jueces y políticos desde la misma jornada del 11-M? ¿Cómo tienen rostro para decir que "todo está aclarado"?En el Gobierno estarán muy contentos, pero esto huele que apesta.

Los riesgos de una ley innecesaria

ENTRE fabricar leyes y legislar hay una diferencia sustancial que un Gobierno responsable siempre debería tener en cuenta. En relación con el llamado matrimonio homosexual, aprobado ayer definitivamente por el Congreso, el Ejecutivo socialista ha ignorado esa diferencia. Ha olvidado que la tarea de un legislador es auscultar el pulso de la sociedad y acomodar la evolución de las normas al ritmo que los ciudadanos realmente demandan. La peor opción es, por contra, sumar escaños y decidir que la mayoría parlamentaria es condición necesaria y suficiente para imponerle a la sociedad modelos de comportamiento, alteración de valores y cambios institucionales, que debe aceptar aun cuando aquélla no los requiera o no esté preparada para recibirlos.No es sensato que una reforma tan grave y radical se haya ventilado en un procedimiento parlamentario que apenas ha durado seis meses, que no ha atendido las importantes objeciones sociales y constitucionales que han planteado el Consejos de Estado y el CGPJ y que se va a incrustar en la sociedad como un factor de división. Podrá decirse que Canadá también ha aprobado una reforma similar, pero la excepcionalidad del caso -con España, son cuatro los países que en todo el mundo reconocen el matrimonio homosexual- y la fuerte contestación política y ciudadana que ha provocado deberían ser tenidos por avisos a navegantes. Puestos a buscar ejemplos, también serviría el de Suiza, que, por referéndum, ha rechazado el matrimonio homosexual a cambio de una ley de uniones civiles, sin derecho a la adopción.La precipitación con que se ha llevado a cabo esta ley sólo se explica por el deseo político de cambiar un modelo social a golpe de boletín oficial y de amoldar una nueva forma de usos y conductas más acorde con una visión llamémosla progresista que refute el matrimonio tradicional y lo despoje del sentido ético e institucional que le es propio. La demagogia ha causado estragos en estos meses previos a la aprobación del matrimonio homosexual, que ha presentado esta novedosa variante de la unión conyugal como la reparación a una discriminación milenaria de gays y lesbianas y como el paso necesario para implantar un auténtico estado de igualdad de derechos. Esta, la igualdad de derechos de gays y lesbianas, no precisaba el forzamiento de la institución matrimonial, sino una ley que atribuyera a las parejas homosexuales un estatuto jurídico similar al conyugal. La igualdad ante la ley no es sinónimo de uniformidad, como este Gobierno no se cansa de repetir para justificar, por ejemplo, que es bueno castigar a un hombre como autor de un delito por una amenaza que si es cometida por una mujer sólo es una falta.En otro plano distinto, la derecha política y social habrá de tomar nota para el futuro de que un cierto sentido de la anticipación permite dirigir con holgura las transformaciones sociales, porque si al PSOE ahora cabe reprocharle que, en este caso, ha excedido todos los límites de la prudencia de un buen gobernante, el enrocamiento del PP en la anterior legislatura en no dar salida a una ley de uniones civiles privó a la sociedad de una solución avanzada y satisfactoria.La adición del derecho de las parejas homosexuales a adoptar remata los perfiles más polémicos de una acción política que en veinticuatro horas ha dado un vuelco a la institución matrimonial. La adopción implica a menores y los derechos de éstos son preferentes ante cualquier otro. Tampoco debería resultar ofensivo para nadie recordar que el designio natural es venir al mundo con padre y madre. Aun cuando políticamente se evite este argumento, como ha hecho el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, la prudencia legislativa tendría que haberse multiplicado para no empachar a la sociedad con unas reformas envueltas en discursos modernistas, pero cuya puesta en práctica topará no ya con la resistencia de grupos retrógrados, sino con la realidad misma de una sociedad organizada en torno a unas instituciones (la familia y el matrimonio heterosexual) que no son el fruto de unas leyes o de unas encíclicas, sino del desarrollo espontáneo y natural del hombre y la mujer.