ERC advierte a PSOE y PSC de que sus alianzas no están garantizadas

La contribución a la gobernabilidad tiene un precio y ERC ha decidido exigirlo a sus aliados socialistas tras observar que sus aspiraciones no se materializan. Fue el secretario general de Esquerra, Joan Puigcercós, el encargado de lanzar ayer una serie de avisos a sus socios en Madrid y Barcelona para demostrar que no va de farol. En primer lugar, aseguró que el sentido de su voto de cara a los Presupuestos Generales está «abierto» y lo condicionó a un «gesto inequívoco» para lograr el rescate de algunos peajes de las autopistas catalanas mediante la creación de un fondo específico. En este sentido, lamentó la estrategia del PSOE de negociar los acuerdos al límite del tiempo, ya que Esquerra ha presentado sus propuestas hace meses sin recibir ninguna contrapropuesta.

Amenaza al tripartito. Pero la formación independentista no sólo advirtió al PSOE de que su pacto tiene hipotecas pendientes, sino que también se dirigió al PSC para insistir en que no aceptará sus enmiendas al anteproyecto de la oficina antifraude, aprobado por el Gobierno de Cataluña. ERC no está dispuesta a admitir las modificaciones de los socialistas catalanes ?con las que pretenden que el organismo contra la corrupción dependa de la Sindicatura de Comptes y no del «conseller primer»? y piensa mantener el pulso para conseguir la ratificación en el Parlament del acuerdo del Ejecutivo catalán. Puigcercós vinculó la ley de la oficina antifraude a la estabilidad del tripartito, al entender que el pacto del Tinell ?acuerdo de gobierno de PSC, ERC e ICV? está siendo cuestionado por la postura de los socialistas. «Sería abrir una caja de pandora, puesto que Esquerra e ICV podrían sentirse legitimados para empezar a actuar del mismo modo y no quiero pensar en lo que podría ocurrir», añadió.
En suma, ERC quiso recordar a PSOE y PSC que su apoyo gubernamental no es un cheque en blanco, sino que está supeditado a ciertos requisitos. En el caso de Cataluña, Puigcercós incluso reclamó la reunión de la comisión de seguimiento del tripartito para analizar el caso de la nueva oficina antifraude, cuyo origen también guarda relación con una resolución parlamentaria aprobada a raíz de la crisis del tres por ciento.